La prospección estaría dando resultados desastrosos. Tanto en la zona interna como externa de la Bahía, los ejemplares capturados estarían en el orden de los 22 a los 28 centímetros, muy por debajo de la talla mínima. La falta de controles propicia la exportación ilegal de juveniles.
Por KARINA FERNÁNDEZ | Fotos de archivo- Revista Puerto
La provincia de Buenos Aires solicitó una prospección de corvina al INIDEP, desde donde prestaron colaboración a pesar de haber recomendado no pescar durante esta época. Al igual que ha ocurrido con la captura de estos 34 barcos que participan de la prospección, las capturas de juveniles han sido desembarcadas y vendidas, hecho que está prohibido por la legislación vigente. La provincia no ha sancionado ni decomisado la producción, SENASA tampoco tomó intervención y la Dirección de Pesca de la Nación considera como reales partes de pesca provinciales que a todas luces son falsos. Con una nota de dicha Dirección, en Aduana se aprueba la exportación de los contenedores de corvina. Todos miran para otro lado y desde el puerto de Buenos Aires, cada año, miles de toneladas de corvina juvenil salen hacia África y China. La connivencia necesaria entre empresarios y funcionarios terminará cargándose uno de los principales recursos costeros de la provincia.
Para dar apertura a la zafra de corvina la provincia de Buenos Aires desde hace unos años solicita al INIDEP la realización de una prospección con barcos comerciales. Año tras año los resultados demuestran que durante los meses de mayo, junio y julio no es recomendable abrir la pesquería debido al alto porcentaje de juveniles en las capturas. Esto no detuvo al director de Pesca provincial Mariano González, que no solo solicitó este año una nueva prospección, a sabiendas de que se ejercería presión sobre una población juvenil, sino que además autorizó a 34 barcos a pescar durante 15 días. Los resultados –extraoficiales- hasta el momento muestran capturas de ejemplares entre 22 y 28 centímetros, cuando la talla de primera madurez se ha establecido en 32 centímetros.
Como ya hemos informado el INIDEP recomendó en reiteradas oportunidades evitar la pesca sobre el efectivo de corvina durante los meses de invierno para no ejercer presión sobre los juveniles, poniendo así en riesgo el recurso. Pero autoridades provinciales desprecian la opinión de los investigadores y también la de sus administrados.
La Asociación de Costeros ha presentado varias notas, alegando que a sus socios les parece “fundamental que la zafra comience cuando el pescado tiene tamaño comercial, que se permita crecer al pescado que se incorporó a la pesquería durante el desove de los meses de diciembre y enero”. Esta situación fue expuesta a las autoridades provinciales nacionales y provinciales, pero nunca fueron escuchados.
Más allá del riesgo biológico al que se está sometiendo al recurso, que preocupa a muchos, la pregunta que por estas horas todos se hacen, es cuál ha sido el destino de las descargas de la prospección. Se trata de captura juvenil y por legislación está prohibida, no solo la captura superior al 10% sino también la comercialización. Pero el caso es aún más grave, dado que esta situación no se reduce al producto de la prospección sino a lo que viene sucediendo con las capturas que se realizan durante los meses en el que el porcentaje de juveniles es muy elevado. Es importante destacar que la corvina, prácticamente, no se comercializa en el mercado interno.
Si tomamos la estadística oficial, solo durante los meses de abril, mayo, junio y julio –por escoger solo los más críticos- de 2013, los desembarques suman un total de 16.859 toneladas. A juzgar por los resultados de las prospecciones no es desatinado pensar que el porcentaje de juveniles supera por mucho el 10%, dado que las prospecciones han arrojado cifras de hasta el 98% en algunas zonas. Al observar los datos oficiales de exportación, la cifra acumulada al 31 de julio de 2013 da 19.000 toneladas, de las cuales 10.958 toneladas fueron exportadas entre abril y julio.
El artilugio legal para exportar juveniles existe desde 2008, cuando irónicamente se buscó poner coto a la exportación de ejemplares con un peso menor a 300 gramos, coincidente con la talla juvenil. El ex ministro Norberto Yauhar en su tiempo de subsecretario de Pesca, elevó una nota a las autoridades aduaneras para que por única vez se permitiera exportar estos ejemplares que los armadores decían tener en cámara y necesitaban vender para luego “sujetarse a derecho”. Luego de ello y en el marco de la Resolución 1005 de la Comunidad Económica Europea, solo se podría exportar el 10% de juveniles, si la carga estaba acompañada de una nota habilitante de la Dirección Nacional de Pesca.
Es vox populi y fácilmente comprobable por los resultados científicos, que las exportaciones estarían compuestas por un porcentaje de juveniles mucho mayor al permitido. Si bien el control no es responsabilidad de las autoridades de jurisdicción nacional, desde la Dirección de Pesca, Carlos Liberman y Mauricio Remes están librando las notas habilitantes con una venda en los ojos. Quizás para no enfrentarse a la provincia o a otros órganos nacionales como Aduana y SENASA, siendo este último el principal responsable del cumplimiento de la Resolución 1005.
La nota se libera ad referéndum del parte de pesca que expide la Provincia desde General Lavalle y todos saben que la falta de controles provinciales permite engordar las corvinas en el papel. Si las autoridades nacionales tienen intenciones de terminar con esta matanza, uno de los caminos que podrían elegir es pedir la apertura de los contenedores. De constatarse falsedad en la declaración jurada de las capturas, estaríamos ante un hecho de contrabando agravado.
Uno de los principales compradores de corvina en Lavalle es Jaime Xu, el empresario a cargo de las firmas Univpesca y Chiarco, que ofició de traductor durante la visita del Buró de Pesca de China a nuestro país. La relación del empresario con funcionarios provinciales y municipales parece estrecha y llena de promesas que las autoridades ya estarían retribuyendo a cuenta.
El empresario prometió una fuerte inversión en Lavalle con la instalación de una planta de procesamiento y al parecer ese compromiso le sirvió para que el director de Pesca, Mariano González, le otorgara autorización a un buque de gran porte y sin historia de capturas en la zona, para pescar dentro de la Bahía. Por su parte la intendente, Marcela Paso, le dio puerto de asiento en General Lavalle pese al unánime rechazo de sus vecinos pescadores. El barco en cuestión es el Barba Negra, propiedad del armador marplatense Boccanfuso.
Es evidente que la provincia de Buenos Aires necesita realizar una limpieza total de funcionarios a cargo del control pesquero. Pero si no está a la altura de las circunstancias debería ser la administración nacional la que tome intervención antes de que sea demasiado tarde.
El tema puede traer no solo un problema para la Argentina en cuanto a la sobreexplotación del recurso sino también un conflicto con el Uruguay, dado que se trata de un recurso de administración compartida; y una mala calificación ante la Comunidad Europea, que condena este tipo de maniobras.
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