La pesca argentina, ícono de la corrupción estructural de la Nación

La crisis de la pesca argentina está inducida por la sociedad, entre funcionarios, empresarios y gremialistas. Es cíclica y siempre perjudica a los trabajadores, quienes quedan fuera del decisorio, pauperizados, a pesar que dentro Consejo Federal Pesquero debe funcionar una Comisión Asesora integrada por representantes de las distintas asociaciones gremiales 


empresarias y de trabajadores de la actividad pesquera. Sin embargo, dentro del CFP no se denuncia la situación de explotación laboral frente a las ganancias millonarias de la corporación pesquera. No se puede hablar de la defensa del trabajador desde las filas sindicales, porque los sindicalistas son “panqueques” políticos entregadores sistemáticos de sus representados. Esta es también la historia de la Argentina. Así nos va.

La crisis de la pesca argentina está inducida por la sociedad, entre funcionarios, empresarios y gremialistas. Es cíclica y siempre perjudica a los trabajadores, quienes quedan fuera del decisorio, pauperizados, a pesar que dentro Consejo Federal Pesquero debe funcionar una Comisión Asesora integrada por representantes de las distintas asociaciones gremiales empresarias y de trabajadores de la actividad pesquera. Sin embargo, dentro del CFP no se denuncia la situación de explotación laboral frente a las ganancias millonarias de la corporación pesquera. No se puede hablar de la defensa del trabajador desde las filas sindicales, porque los sindicalistas son “panqueques” políticos entregadores sistemáticos de sus representados. Esta es también la historia de la Argentina. Así nos va.

 

Caso Barillari: el camino judicial para anular los derechos de los trabajadores

 

Desde esta convocatoria fraudulenta de Barillari se borraron más de 600 puestos de trabajo impunemente con la anuencia del Juez, Jorge Juárez, titular del JNC Nº 16 Secretaría 32. La empresa contaba con tres plantas de procesamiento en tierra (Caleta Olivia, Rawson y Mar del Plata). Concursada, se permitió dejar a sus trabajadores en la calle. Para mayor beneficio de Barillari, las deudas laborales de los trabajadores cooperativizados por tratarse como servicios de otras empresas, ni siquiera gozaron del privilegio laboral para el pago. Es decir, quedaron como deudas comunes, esas que nunca se cobran.

De cualquier modo, los trabajadores de planta permanente no participaron del reparto de los millones de las ventas del patrimonio de la concursada antes de su liquidación. El juez permitió este fraude laboral y no lo denunció. Y más aún, la empresa tiene dudas ante ANSES y obras sociales sindicales. ¿Cómo pudo el juez permitir la venta de la empresa Pesca Angela del grupo Barillari por fuera de la convocatoria? ¿Cómo pudo permitir la venta de más de 16 camiones semirremolque frigoríficos también por fuera del concurso siendo la Ley de Convocatorias y Quiebras tan específica respecto a no permitir vaciamientos? Total los trabajadores estaban en Mar del Plata y en la Patagonia y ningún sindicato iba a facilitarles transporte para acampar frente al juzgado.

Se deberá revisar judicialmente esta convocatoria y el desempeño de sus responsables que obraron en contra los derechos de los trabajares. Incluso la participación del juez, que avaló la expropiación de la planta de Caleta Olivia. La provincia de Santa Cruz también se presentó en el concurso y solicitó la verificación ante la Sindicatura de un crédito por la suma de $ 2.050.498,30. La suma reclamada por la provincia a Barillari incluía multas, cánones de pesca y costas impuestas a la empresa en diversas actuaciones administrativas. Con ese crédito se expropió la planta Caleta Olivia. Es decir, se facilitó a Barillari deshacerse de pagar la deuda al erario provincial. Total, ese dinero nunca se cobraría porque se había garantizado su accionar reincidente con los funcionarios e inspectores de turno. La cuestión es que ese monto se ejecutó del presupuesto provincial como inversión de alto contenido social. Pero hoy la planta es un edificio vacío al igual que el patrimonio de la concursada.

Barillari, no obstante, posee millones de la venta de sus buques al Grupo Baldino, de Pesca Ángela a Zona Común y los 16 camiones que vendió a Pablo Barbieri su socio en la “Nueva Barillari”. Lo llamativo es que el 30 de noviembre el 2012 el Banco Central emitió esta normativa sobre el directorio de Barillari:

Resumen de la normativa del Bco. Central: Semana del 3 al 9 de diciembre de 2012 - 30 de noviembre de 2012 – Suspensión de Operaciones de Cambio – COMUNICACIÓN “C” 62361

A través de la Comunicación “C” 62361 el BCRA comunica que, sin su previa autorización, no se deberá dar curso a operaciones de cambio o, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de:

Antonio Barillari S.A. C.U.I.T. N° 33-52201055-9.

Jorge Calvo. Presidente. L.E. N° 8.372.954. C.U.I.T. N° 20-08372954-7.

Ezequiel Roberto Muti. Presidente. D.N.I. N° 28.174.101. C.U.I.T. N° 20-28174101-1

Luis Leonardo Barillari. Vicepresidente. C.I. N° 5.708.506. C.U.I.T. N° 20-15240418-3

Mario Daniel Celasco. Vicepresidente. D.N.I. N° 16.593.128. C.U.I.T. N° 23-16593128-9.

Asimismo, las Entidades deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubiesen formalizado y que al 30/11/2012 se encontraren pendientes de aviso a los corresponsales.

Esto quiere decir que hasta esa fecha seguían estos delincuentes operando con el exterior. El juez y el Síndico de la convocatoria deberían explicar a los trabajadores qué operaciones realizaron y por qué ellos no cobraron.

Los ejecutivos de la empresa Barillari y sus funcionarios pesqueros facilitadores hoy gozan de una muy buena situación económica, como contrapartida a la situación de los trabajadores. ¿Por qué nadie va preso? Franco Barillari para lograr este andamiaje necesito de arquitectos contables que firmaron, de funcionarios de la secretaría de pesca, de jueces, síndicos. Con la colaboración de sindicalistas se apagó el reclamo de sus representados luego del vaciamiento “conformándose” ante los hechos en vez de oponerse legalmente de manera contundente a este fraude laboral. La circular del Banco Central es una invitación a investigar los patrimonios de cada uno de los suspendidos y sus vínculos con el vaciado de la convocatoria. A la fecha no hay castigo, solo impunidad de la que es parte ineludible el subsecretario de pesca de la Nación y empleado de Barillari, Miguel Bustamante, al tanto de toda la operatoria.

La Ley Federal de Pesca 24922 en su artículo 1º promueve el empleo de mano de obra argentina pero no a costa de los derechos de los trabajadores. Esta ley no deroga la ley de Contrato de Trabajo y ni tampoco la ley de Convocatorias y Quiebras. Su tutela está en manos del Subsecretario de Pesca de la Nación y del Consejo Federal Pesquero quienes son perfectamente justiciables por su violación sistemática. La pesca, al igual que otros sectores de la economía, manifiesta la disociación entre crecimiento del producto y del empleo.

 

La corporación pesca argentina: siempre dispuesta a la ronda de negocios

 

El crecimiento económico no se derramó en una mejora en la calidad de vida de los trabajadores del sector. Solo crecieron los patrimonios de los funcionarios y sindicalistas que siempre “cobran”. Los trabajadores tienen el derecho al igual que de sus representantes a tener una vida digna. Empero la corrupción estructural y la simbiosis entre administrador y administrado, dan ganancias a quienes deberían luchar por la dignidad ultrajada de sus representados.

La corrupción que denuncio en la cual Miguel Bustamante es parte, esta semana fue nuevamente ratificada. El propietario del buque “EL SANTO”, Pino Quercia por diferentes motivos de la actividad mantuvo inactivo su buque. No envió a la subsecretaria la notificación de esa situación. Cuando el buque cambió el puerto de asiento se desayunó que la subsecretaria le había revocado de su permiso, el cupo de pesca de merluza que históricamente el buque poseía. Inmediatamente se comunicó con los funcionarios intermediarios locales de la caja mar argentino. Estos pusieron al corriente del pedido a su jefe, el subsecretario de pesca Miguel Bustamante. La respuesta no tardó: 60 mil USD valía restaurar el permiso de pesca de “EL SANTO”. Si al buque se le retiró del permiso el cupo de merluza, debe existir una resolución publicada de la secretaría de pesca con fundamentos irrevocables. El subsecretario de pesca Miguel Bustamante no puede vender a su antojo lo que no es de él, ¿o sí? Es ilegal y se llama COIMA.

Esta charla con voz en cuello la relataban indignados empresarios amigos de Pino Quercia en el café La Fonte de Alem, se replicaba en el Doria y todo el puerto la repetía. El tarifario del subsecretario es vox populi. Unos armadores que pidieron reserva como fuente, me decían: “Mira, vos tenés razón pero si no pagamos nos revientan. Olvídate del gas oil preferencial. Con las multas nos ahogan. Los inspectores de pesca son hoy los nuevos ricos del puerto, vos te camuflas y no te conoce nadie. Nosotros no podemos ni hablar, solo pagar y estamos pensando que nos sale muy caro pues al final Yahuar y Bustamante no consiguen nada para nosotros, su caja gorda esta con las empresas grandes. Fíjate, lo del gas oil preferencial va terminar llenando hasta la 4x4 de Tony Solimeno y Moscuzza. ¿Quién te crees que va controlar esto de verdad? La Aduana que está arreglada no revisa que exportan en los contenedores, quien va decirle que no a estos tipos”. Así terminó la charla. La indignación de empresarios pequeños crece.

El reclamo de la industria pesquera se llevó lejos de la zona de conflicto para evitar los bombos de la gente que trabaja. Se reunieron los cajeros del mar para negociar los subsidios a la pesca para la corporación hace unos días. El ministro Carlos Tomada, presente en la reunión, no denunció la precarización laboral ni tomó medidas al respecto, ni exigió el pago de multas millonarias al Ministerio de Trabajo por la explotación laboral histórica de la pesca. El subsecretario Miguel Bustamante y el ministro Norberto Yahuar no anunciaron el recorte de cupos a las empresas precarizadoras ni exigieron que para acceder al gasoil subsidiado, trabajadores en blanco.

Hasta viajó a Buenos Aires el Intendente de Mar del Plata que tiene horror a las manifestaciones en la calle. Gustavo Pulti es parte de la corporación pesquera. Es quien habilita las cooperativas ilegales que multiplican el trabajo esclavo. En Mar del Plata desde su gestión, creció el número de cooperativas que cambian de nombre con los mismos “capangas”.

 

Cómo terminar con el fraude laboral base de la corporación pesquera

 

Mientras no se investigue el manejo corrupto y millonario de las fiscalizaciones pesqueras, no se transparente on line todos los cupos por buque y cada trasferencia de estos, mientras no se coloquen cámaras en los buques prometidas desde el 2008 ni se hagan las descargas on line ni se cruce la información con AFIP-ADUANA y de allí con el MTSS, controlando cada planta y su personal donde se descargue el pescado, y todo sea repito, on line, nada servirá de nada más que para mejorar las cajas y facilitar más corrupción.

En cambio, el ministro Yahaur nombró a su cajero en jefe de las fiscalizaciones pesqueras, Norberto “el Pato” Elías, como coordinador de la delegación de la subsecretaria de pesca de la nación, fuerza de choque del SIMAPE, nexo político de Felipe Sola-Juan Domingo Novero. La impunidad es total. ¿Dónde fue publicado este nombramiento? ¿O trabaja en “negro” y de onda?

¿Se entiende que terminar con la corrupción es muy fácil? Las cámaras y el sistema se pagarían solas y trabajarían solo los que están legalmente habilitados para hacerlo. Cada buque descargaría solo el cupo que está autorizado y se terminarían las coimas a los inspectores para “ver otra especie que no sea merluza en el cajón descargado”. Los inspectores de pesca ya no tendrían sentido y sus cajas se destrozarían pasando a ser trabajadores rasos, como lo fueron antes de ser corruptos enriquecidos y enriquecedores de gremialistas mafiosos, clonados a empresarios precarizadores. Esa transparencia también impactaría en el bolsillo de los administradores pesqueros mermando sus ingresos magníficos.

¿Por qué los trabajadores no exigen a sus gremialistas que les expliquen por qué no se transparenta el circuito del pescado? ¿A quién conviene este manejo de precarizar el trabajo del mar Argentino?

Se debe terminar este país para pocos con pescado para pocos y millones para la corporación. Las empresas que precarizan empleos vulneran los derechos humanos de los trabajadores según toda la normativa constitucional vigente que protege contra este atropello. Mientras industriales recibirán gas oil preferencial y demás facilidades y prebendas de la mano de funcionarios que son administradores de ambos lados de la mesa. Funcionarios y sindicalistas millonarios hacen tiempo en reuniones interministeriales sin voz ni voto para los trabajadores que de pobreza agonizan.

 

Esta nota como es habitual, también la recibirá Jorge Bergoglio. En una oportunidad me respondió: “Maturana, ud. no se calle”.

Tanto la Presidenta, como Norberto Yahuar, Miguel Bustamante y Francisco Barillari son responsables de la integridad física de este cronista y su familia.

 

 

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador